Ecuador decide si aprueba la “muerte civil” para quienes cometan actos de corrupción

Por Sputnik

La primera de las siete preguntas por las que votarán los ecuatorianos en la consulta popular propone la muerte civil de quienes cometan actos de corrupción, según dijeron a Sputnik el vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción y un exasambleísta.

“El tema más importante de la corrupción es la impunidad, si no combatimos la impunidad tendremos repetición en los siguientes años de hechos corruptos de la magnitud que hemos visto, porque [Ecuador] es el único país en el mundo que tuvo un vicepresidente preso”, afirmó el vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez, en referencia al caso del ex vicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

La primera pregunta de referéndum (cambios a la Constitución) consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que “se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes”.Según explicó Rodríguez, es un mecanismo para castigar a los corruptos y “evitar, primero, que tengan la posibilidad de poder reingresar al servicio público, y segundo, procurar la recuperación de los activos” que se hayan obtenido por esos actos de corrupción.

Si bien el vocero de la comisión anticorrupción reconoce que esta reforma pudo llegar a través de un acuerdo entre la Asamblea y el Ejecutivo, “la situación crítica que vive el país, donde no hay una definición de un manejo conjunto de las funciones en el Estado, obligó a que se ponga en la consulta este tema que obligue a las autoridades a hacer cambios fundamentales en la parte legal”.

Justamente fue la Comisión Anticorrupción, una organización de la sociedad civil, la que propuso esta y otras dos preguntas al presidente Lenín Moreno para que sean incluidas en el plebiscito, que fue convocado vía decreto por el mandatario.“La idea era hacer algo para evitar la impunidad ya que por efecto de las acciones del Gobierno anterior se suavizaron las leyes que permitían el castigo a los corruptos”, apunta el representante de la Comisión.

De aprobarse, esta pregunta reformará normativas como la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y el Código Orgánico Integral Penal y de esta forma los sentenciados por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, testaferrismo, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y otros delitos relacionados, estarán impedidos de ejercer cargos públicos, perderán sus derechos de participación electoral y no podrán contratar con el Estado.

Desproporcional

Sin embargo, para el exasambleísta y simpatizante del expresidente Rafael Correa (2007-2017), Virgilio Hernández, la medida es desproporcionada, pues se estaría castigando dos veces a la misma persona por un mismo delito: una vez cuando recibe una sentencia por parte de la justicia, y otra cuando se declara su muerte civil.

“Aunque a la mayoría nos puede parecer bien esta propuesta, se tiene que observar que hay una violación de derechos al ser una doble sanción que es para toda la vida y es desproporcional”, indicó el político al apuntar que “se busca tratar con la misma sanción a una persona que puede haber tenido problemas menores con la Contraloría y a otra persona que efectivamente fue corrupto”.

Pero Rodríguez refuerza su argumento señalando que los efectos de la corrupción van más allá de una persona, pues se traducen en “la falta de seguridad jurídica y en una falta de confianza que hace que la gente no invierta en el país”.

“Solo se logra atraer empresas que tienen la intención de obtener los contratos a través del dinero de la corrupción, pero ese dinero casi nunca se queda en los países corruptos sino que sale a la banca privada internacional”, aseguró.Según datos de la Comisión, la corrupción en América Latina sobrepasa los 800 mil millones de dólares y en Ecuador el cálculo bordea los 35 mil millones de dólares en la última década.

La inclusión de esta inquietud responde además a los casos de corrupción que se destaparon en 2017 en Ecuador y que derivaron en la destitución y encarcelamiento de Glas por el caso Oderecht y de varios otros exfuncionarios del Gobierno anterior.

De acuerdo con la última encuesta difundida por Cedatos, la primera pregunta es que la cuenta con mayor respaldo, pues 83,9% de la población aprueba que quienes incurran en actos de corrupción sean castigados con la inhabilitación política y civil de por vida.El próximo 4 de febrero, 13,02 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas a manifestarse respecto a las siete preguntas de la consulta popular.

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