Impacto del aborto en el único país de América del Sur donde es legal

Por Sputnik

Sputnik hace un breve balance de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el único país de América del Sur donde la mujer puede ir al hospital a abortar.

Desde 2012 a la fecha más de 40.000 mujeres han abortado utilizando el servicio  ofrecido por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en Uruguay. Según dijo el ministro de Salud del país, Jorge Basso, actualmente se practican 820 abortos por mes.

No se discute que la aprobación de la ley tuvo y tiene un impacto real y concreto en la vida de las mujeres, sin embargo, la sociedad civil ha identificado problemas en la implementación de la ley. Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dijo a Sputnik que “el SNIS no responde adecuadamente a todos los requerimientos de las mujeres” y que hay “barreras para el acceso”.

Qué dice la ley

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N° 18.987 se aprobó el 22 de octubre de 2012. Allí se establece que la mujer podrá realizarse un aborto por sola voluntad si el período de gestación no es mayor a las 12 semanas; que en caso de violación el plazo se extiende dos semanas más, y que si hay riesgo para la salud de la mujer o existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, no hay plazo.

Sin embargo, la mujer también deberá demostrar su voluntad de abortar ante un equipo multidisciplinario (integrado por profesionales de la ginecología, salud mental y servicio social) que la informarán sobre programas de apoyo a la maternidad, la adopción y los riesgos de interrumpir su embarazo de forma insegura.

Después de la primera consulta la mujer deberá tomarse cinco “días de reflexión” (así lo denomina la ley) para luego ratificar su voluntad y así poder acceder a la medicación e instrucciones para realizarse el aborto.

Obstáculos

Entre 2013 y 2017 MYSU realizó un seguimiento de la implementación de los servicios de Salud Sexual y Reproductivos en 10 de los 19 departamentos del país. Según los datos relevados, se identificaron cinco motivos principales por los que las uruguayas podrían seguir recurriendo a circuitos clandestinos para abortar.

  • Porque las mujeres desconocen el servicio o están mal informadas respecto a cuáles son los requisitos a cumplir y cómo funciona.

Según MYSU los prestadores de salud ni el Ministerio de Salud (MS) difunden información sobre los servicios de aborto, lo que provoca que “todavía haya mucha gente que crea que el aborto es legal sin importar dónde y cómo se haga”.

Según Abracinskas, el desconocimiento ha generado situaciones complejas: “sucede que consiguen las pastillas por fuera del sistema de salud [se hacen el aborto] y van a la institución cuando tienen complicaciones, sin tener noción alguna de que pueden ser denunciadas y penadas”.

  • Porque los médicos ginecólogos y el personal de salud abusan de la “objeción de conciencia”

La ley los exime de realizar abortos si se pronuncian en contra “por razones filosóficas o de creencia” (según se lee en la reglamentación de la norma).

De acuerdo con el estudio, más del 60% de los médicos en seis de los diez departamentos estudiados son objetores. Abracinskas opinó que los médicos “están usando la objeción de conciencia como un recurso colectivo cuando es una excepción a la ley que tiene que ser individual”.

“Así como a las mujeres se las somete a un procedimiento para garantizar que la decisión de abortar sea informada y debidamente asesorada, pedimos al Estado que sea igual de riguroso con los profesionales que objetan”, dijo Abracinskas.

En ese sentido, señaló que el informe de seguimiento evidenció que muchos de los motivos esgrimidos por los médicos para hacer uso de la objeción distan de ser “razones filosóficas o de creencias”.

“Hay profesionales que dicen que no dan el servicio porque no es prestigioso, porque es una práctica estigmatizadora, o porque les quita mucho tiempo de hacer otras prácticas que son más redituables. Hay otros que dicen que realizan la prescripción de la medicación pero no realizarían el aborto; están objetando conciencia por método”, explicó la experta.

  • Porque hay falta de profesionales, principalmente en el interior del país.

En ese sentido, MYSU explica que el MS restringe la cantidad de especialistas que pueden ofrecer el servicio porque sólo habilita a los profesionales de la ginecología a realizarla.

  • Porque la interrupción no se ofrece en todas las localidades; hay departamentos en los que el servicio sólo funciona en las capitales y ni siquiera todos los días.
  • Porque las mujeres tienen temor a que se las sancione o que se sepa el motivo de la consulta

MYSU afirma que “el estigma por aborto es la sanción moral y el prejuicio que sufren las mujeres que lo practican y los profesionales que lo realizan”.

En este escenario, siguen planteados otros desafíos: dar respuesta a las situaciones de embarazo no planificado y no buscados, cambiar las currículas universitarias para enseñar a realizar la práctica, y debatir sobre sus implicancias bioéticas.

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