Venezuela: ¿Por qué los precios subieron hasta un 10.000% en dos semanas?

Gente haciendo cola en el exterior de un supermercado de Caracas. 6 de enero de 2018. / Marco Bello / Reuters

Por RT

“Brutal”. No existe otra manera de definir el aumento desproporcionado de los precios en Venezuela. En solo un día, un producto puede subir un 100%, sin que exista una justificación para tal incremento.

En cualquier conversación familiar, entre amigos o entre desconocidos, el tema es el mismo: lo “caras” que están la carne y la leche, lo “impagable” que resulta un antibiótico, lo “imposible” que se hace adquirir repuestos para el auto, lo difícil que es “estirar” el sueldo para comprar comida.

Un ejemplo basta. Hace un año, una taza de café costaba 2.300 bolívares, ahora no baja de 45.000; es decir, se ha incrementado 20 veces o un 2.000%, según el índice del café con leche, publicado por Bloomberg, un medio que según cifras del Gobierno venezolano, ha sido el que más noticias negativas sobre el país ha publicado, recoge Aporrea.

El vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, informó a mediados de enero, durante un encuentro con un grupo de industriales, que 6.500 productos habían subido entre un 10% y un 10.900%, solo entre el 15 de diciembre y el 4 de enero. Tras esa reunión, se estableció que debía retomarse el sistema de precios del último mes de 2017, pero este acuerdo no ha sido cumplido por los empresarios.

Una taza de café servida en Caracas. 26 de febrero de 2015. / Jorge Silva / Reuters

El año pasado cerró con un aumento de sueldo mínimo por decreto presidencial. Así, durante 2017 se hicieron seis incrementos: el salario integral pasó de 104.358 bolívares mensuales a 797.510 bolívares. Sin embargo, estos ingresos también se diluyen en los bolsillos, pues tras los anuncios, los precios pegan un salto.

¿Por qué suben los precios?

El tema de la “guerra económica” en Venezuela ha sido ampliamente estudiado por la economista e investigadora Pascualina Curcio. En su publicación ‘La mano visible del mercado’ analiza que desde el año 2002, cuando se llevó un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, en el país suramericano ha habido una “manipulación de la economía” por parte de sectores que querían “hacerse del poder político”.

En su opinión, esta acción sostenida se ha intensificado durante los procesos electorales o de “conflicto político” y ha sido posible porque la propiedad de las empresas  y la distribución de los productos se concentra en pocas manos.

A partir de 2013, con la presidencia de Nicolás Maduro, se incrementó el desabastecimiento de los principales bienes de consumo. Las razones que han esgrimido algunos empresarios es que “se han visto en la obligación de no producir o disminuir su producción” porque el Gobierno no les entrega los dólares para adquirir materia prima o porque hay una “excesiva” intervención del Estado en el control y regulación de precios, expone Curcio.

Fila de personas en las cajas registradoras de un supermercado en Caracas, el 9 de enero de 2018. / Marco Bello / Reuters

En su extenso trabajo investigativo concluye que la causa del desabastecimiento se debe a una “alteración en los mecanismos de distribución” y no a un descenso de la producción.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), estudiadas por Curcio, ha habido un incremento del 442%, entre 2003 y 2013, de las divisas asignadas por el Estado para la importación. En ese periodo se le entregaron 304.704 millones de dólares a los empresarios.

¿Empresarios subsidiados?

El escritor venezolano Orlando Araujo, en su libro Venezuela violenta, definió como “burguesía estéril” al empresariado que dependía de las divisas que le proporcionaba el Estado, producto de la renta petrolera, para producir.

En el texto, publicado en los años 60, considerado como referencial para entender algunos aspectos del funcionamiento de la economía petrolera venezolana, hace una radiografía del sector industrial cuyos ingresos provienen de “la comisión del intermediario que compra afuera y vende adentro”.

De igual manera, el escritor venezolano delínea la contradicción entre un sector empresarial que pide al Estado que no limite su acceso a la riqueza pero que ejerce “constante presión sobre el gobierno para lograr créditos y medidas en provecho suyo”.

 

Un trabajador toma un puñado de maíz de Alimentos Polar, en Turmero, estada Aragua. 23 de octubre de 2015. / Carlos Garcia Rawlins

Sobre este mismo tema reflexiona el economista y filósofo, Carlos Lazo, en una entrevista hecha por la publicación 15 y último, quien recuerda que estas compañías tienen niveles bajos de exportación y que son deficitarias en sus balanzas de pago. “Exportan menos de lo que importan“.

En días pasados el Gobierno venezolano entregó créditos a empresas y supermercados para la compra de materia prima y reposición de inventario, hecho que fue criticado en las redes debido que entre los beneficiados se encontraba Alimentos Polar, empresa propiedad de Lorenzo Mendoza, quien ha sido señalado por Maduro como un especulador que “perjudica al país”.

Alimentos Polar, como se explica en el portal venezolano de investigación Misión Verdad, se vale de las divisas preferenciales otorgadas por el Estado –que saca del país– para procesar, empaquetar y comercializar sus productos, sin hacer inversiones en el sector agrícola.

Caotización y especulación

El Observatorio de la Realidad Económica (Ovre), que se dedica al análisis económico, político y social en Venezuela, ha hecho un intenso estudio sobre la fijación de precios.

En entrevista, el economista miembro de Ovre Ingerzon Freites refiere que existe una “caotización” del sistema de fijación de precios, con altos niveles de especulación, “que viene dada por las expectativas de los comerciantes de ganar más”.

Gente haciendo cola en el exterior de un supermercado de Caracas. 6 de enero de 2018. / Marco Bello / Reuters

Actualmente cada dólar ilegal se ubica en más de 200.000 bolívares. Este índice se usa para fijar el valor de bienes y servicios, sin embargo, no siempre se toma como referencia exacta. “Si hay una variación de 20% del dólar, el costo de reposición, que ellos incluyen en su estructura de costos, es de 200 o 300%”, expone.

Sobre la escasez y desabastecimiento, explica que los monopolios alimenticios han disminuido las cantidades de lo que manufacturan para aumentar los precios, por eso los productos se agotan rápidamente.

Según Freites, cuando se disminuyen las cantidades y suben lo precios, “se liberan de grandes problemas“: Hay menos mano de obra, menos consumo de energía y esa baja de la producción la compensan con el alto valor de sus productos.

Leche, azúcar y harina

¿Por qué son tan caros los productos básicos como la leche, el azúcar y la harina de maíz, imprescindible para hacer arepas, plato esencial del venezolano? La respuesta podría ser sorprendente.

Supongamos que con dos kilos de maíz se obtiene un kilo de harina precocida. Hasta ahí está bien, sin embargo, en el valor final no se incluyen las ganancias por otros subproductos obtenidos: alimento balanceado para animales, aceite o cremas, entre otros. Así, se establece el precio final como si la materia prima hubiera sido usada íntegramente en la elaboración del polvo.

Producción de harina de maíz en Alimentos Polar, en Turmero, estado Aragua. 23 de octubre de 2015. / Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Otra distorsión ocurre cuando se anuncia un aumento salarial. Si este es del 40%, los empresarios corren a subir el precio base del litro de leche en ese porcentaje. ¿Y dónde está el error? Suponiendo que producir una garrafa de leche cueste 100 bolívares, solo un 8% correspondería a la mano de obra, por lo que tendría que aumentar a 104 bolívares y no a 150 o más, como ocurre.

Debido a que las bebidas gaseosas, ubicadas entre los diez productos más consumidos en Venezuela, tienen grandes ganancias, pueden permitirse pagar el precio más alto a la hora de adquirir azúcar, en una suerte de subasta. Esto hace que su costo se incremente para el resto del mercado.

Mayor control, menor precio

Todos los caminos apuntan al mismo lugar: mayor control gubernamental sobre el empresariado y sus estructuras de costos.

El opinión de Freites, aplicándose una serie de medidas regulatorias con el uso de nuevas tecnologías, el problema podría comenzar a solucionarse en un semestre.

El observatorio propone, entre una lista de quince pasos, su solución del problema. Aquí presentamos algunos:

  • Creación del Sistema Automatizado de Captura de Costos, que aproveche las nuevas tecnologías, como la ‘Big Data’ y el ‘Blockchain’, para tener un control de las ganancias.
  • La aplicación de la contabilidad regulatoria para la supervisión de costos, que permita mayor transparencia y eficacia en la recaudación.
  • Creación de aplicaciones tecnológicas y comunicacionales para la supervisión y administración de los precios por los propios usuarios.
  • Creación del impuesto al precio (cuanto más alto sea el precio, más debe pagar el empresario o comerciante).

¿Qué ha hecho el Gobierno?

El 8 de septiembre, el presidente Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un conjunto de ocho leyes para “afrontar y resolver” temas como la inflación inducida a través del tipo de cambio de divisas en el mercado ilegal, el acaparamiento de productos, los precios especulativos, el contrabando de extracción y el entorpecimiento de la distribución y comercialización de los bienes de primera necesidad.

Entre esos mecanismos, ya se han aprobado:

  • Ley del programa social de distribución de alimentos a bajos precios, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
  • Ley de Precios Acordados, a la que Maduro llamó a “ejecutar ampliamente” y “crear condiciones para su cumplimiento” ante la negativa de los comerciantes a aplicarla.
  • Ley de Creación del Consorcio Alimentario (Agrosur), que propone establecer “una gran corporación agroalimentaria.
  • Ley Constitucional sobre la Unidad Tributaria Sancionatoria.
  • Ley de Régimen Tributario Especial sobre el Desarrollo del Arco Minero.
  • Ley de  Inversiones Extranjeras Productivas.
  • Ley de Precios Justos, vigente desde 2014, que será reformada en los próximos días debido a que, entre otras cosas, contemplaba un 30% de ganancia máxima, lo que generó distorsiones y especulación.

Constituyente y guerra económica

Seis meses después de instalada la Constituyente se aprobó la Ley de Precios Acordados. Sin embargo, el valor de los productos había iniciado una veloz escalada como represalia contra quienes votaron el 30 de julio de octubre por los 545 miembros del poder plenipotenciario.

Los aumentos no cesaron y se radicalizaron en los siguientes procesos electorales, celebrados el 15 de octubre y 10 de diciembre. Si se pone como ejemplo la taza de café, de octubre a noviembre pasó de 4.500 bolívares a 8.000, y en los primeros días del último mes del año, saltó de 10.000 a 20.000 bolívares sin explicación aparente.

El 15 de octubre el exmiembro de la directiva de la ANC Isaías Rodríguez publicó un artículo en el diario Últimas Noticias donde afirmaba que “los precios se habían disparado sin control” y que el Gobierno y la Constituyente debían darle respuestas oportunas al pueblo.

Frente a este escrito, el constituyente Pedro Carreño expresó en una entrevista hecha por VTV que la “derecha internacional” sabía que las variables no eran controladas por el Gobierno, que la “solución al problema no la tenemos” y que las acciones gubernamentales eran para “atenuar” la situación “mientras se articulan otras estrategias”.

En su mensaje anual a la nación ante la ANC, Maduro llamó a los constituyentes, junto a su Gobierno, a luchar contra la guerra económica. “Vamos a tener al costo que sea necesario una victoria económica frente a la guerra de precios, pido todo el apoyo del pueblo”, manifestó.

Nathali Gómez

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